El pasado 1 de enero de 2018 se cumplieron 25 años desde que desaparecieran las barreras nacionales para el libre movimiento de personas, bienes, servicios y capitales en la Unión Europea, gracias al espacio conocido como Mercado Único Europeo.
El Mercado Único, que en 1993 abarcaba a 345 millones de personas de doce estados miembros, ha ido creciendo con el paso de los años y con las ampliaciones, llegando a incluir actualmente a más de 500 millones de personas de 28 Estados miembros. Este logro comunitario, cuya idea original era crear un área económica que garantizase estas “cuatro libertades”, permite que los ciudadanos de la UE podamos estudiar, vivir, trabajar y jubilarnos en cualquier país miembro, acceder a productos de toda la Unión sin aranceles y proporciona más seguridad a las inversiones extranjeras.
Uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado nunca la Unión Europea en relación a estas cuatro libertades es el Brexit, que además es especialmente preocupante ya que existe un cierto temor a que se produzca un efecto dominó entre el resto de Estados Miembros. Por primera vez en la historia de la Unión, las Instituciones tienen que proceder a dividir uno de los elementos más característicos de su proyecto de integración, con la esperanza de que otros países no sigan en el futuro a los británicos y hagan menguar el mercado único. El Reino Unido ha puesto sobre la mesa el reto de dejar las cuatro libertades -en especial la de circulación de ciudadanos europeos- que la UE considera indisolubles y uno de los pilares para la convivencia de sus miembros.
Como hace patente el caso del Brexit, el proyecto del Mercado Único, que tiene sus orígenes en el Tratado de Roma de 1957, sigue estando a día de hoy en constante evolución, ya que además de retos como la salida del Reino Unido, sigue habiendo problemas sin resolver, como la fragmentación de los múltiples sistemas fiscales, la existencia de mercados nacionales de servicios financieros, energía y transportes o la diferencia entre las diferentes legislaciones en el ámbito del comercio electrónico.
Estas cuestiones, además de las insuficientes garantías de cumplimiento de las normas y el bajo nivel de contratación pública transfronteriza, limitan en cierta manera el verdadero potencial del Mercado Único, en especial las oportunidades de los ciudadanos y las empresas, dando lugar a menos empleo y precios más altos. Según la Comisión Europea, una aplicación más ambiciosa de la Directiva de servicios (aplicable a la contratación pública) sería suficiente para generar un crecimiento adicional del 1,8 % del PIB de la UE. Por ello, actualmente desde las Instituciones se está trabajando en conseguir una legislación y una consiguiente aplicación de la ley más efectivas.
No obstante, en los últimos años se han realizado grandes avances en otras materias, especialmente dentro del Mercado Único Digital, acercándose más al deseo de las Instituciones de lograr una sociedad digital europea unida y sostenible, prioridad absoluta para la Unión Europea. Convinieron en la necesidad de acelerar la ejecución de la estrategia, en particular en los ámbitos que puedan aportar beneficios concretos a los consumidores y a las empresas. En este sentido, en 2016 y 2017 se produjeron importantes logros con el objetivo de mejorar la competitividad de la economía europea y que nos afectan en actividades que realizamos en nuestro día a día, desde utilizar el correo electrónico, comprar por internet o viajar a otro país de la Unión:
- Se puso fin a las tarifas de itinerancia de voz y datos móviles únicamente nacionales, permitiendo el acceso desde cualquier país de Europa
- Se ha modernizado y mejorado la protección de datos con el Nuevo Reglamento General de Protección de Datos Personales, en vigor desde el 25 de mayo de 2018
- La firma del acuerdo para liberar el comercio electrónico, poniendo fin al bloqueo geográfico.
