La Unión Europea no es solo un “gran mercado común”, sino que además es una Unión de valores compartidos que están recogidos en los Tratados y en la Carta de Derechos Fundamentales. Para que los gobiernos garanticen la justicia, la protección y la equidad a sus ciudadanos, es necesaria una actuación conjunta de los Estados miembros, respetando de esta manera plenamente los Derechos Fundamentales y el Estado de Derecho.

A través del uso de las prerrogativas y dentro del ámbito de competencia de la Comisión, Jean Claude Juncker tiene el propósito de defender el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales, respetando los valores compartidos, la diversidad cultural y constitucional de los Estados de la Unión.

Para llevar a cabo este cometido, se ha nombrado como Comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad a Věra Jourová, quien será responsable de hacer cumplir la Carta de los Derechos Fundamentales y el Estado de Derecho, así como de finalizar la adhesión de la Unión al Convenio Europeo de Derechos Humanos, siguiendo las directrices del Tratado de la Unión Europea.

La séptima prioridad del Plan Juncker, “Un espacio de justicia y derechos fundamentales basado en la confianza mutua” busca reforzar la no Discriminación de los ciudadanos, la Protección de Datos y la Lucha contra la Delincuencia Transfronteriza y el Terrorismo.

En primer lugar, una prioridad para el presidente Juncker es la no discriminación de los ciudadanos europeos por pertenecer a alguna minoría o por su nacionalidad, sexo, origen étnico o racial, religión, convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. Un avance en esta materia ha sido la propuesta de adhesión de la UE, realizada por la Comisión, al Convenio de Estambul sobre violencia contra la mujer. Con esta adhesión las víctimas de violencia de género estarán más protegidas dentro de la Unión Europea.

En segundo lugar, con la evolución de la era digital, la protección de datos se ha convertido en un derecho fundamental primordial para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, por ello debe de completarse una legislación europea que ampare tanto a los ciudadanos europeos como a la Unión Europea en sus relaciones exteriores. El paquete de protección de datos previsto es clave para habilitar el Mercado Único Digital y la Agenda Europea de Seguridad.

El pasado mes de diciembre el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre la reforma de la Comisión para la protección de datos de la Unión Europea que impulsará el Mercado Único Digital. La reforma se articula con dos instrumentos, por una parte una Regulación General de Protección de Datos que permitirá que las personas tengan un mayor control de sus datos personales. Por otro lado, la Directiva de Protección de Datos, en materia de justicia policial y penal, asegurará que las víctimas, los testigos y los sospechosos de delitos, sean debidamente protegidos durante todo el proceso policial y judicial. Los países tendrán dos años para incluir los cambios de la directiva a su ordenamiento jurídico. La nueva regulación empezará a aplicarse dentro de dos años. Las nuevas reglas permitirán a los ciudadanos:

• Tener un derecho al “olvido”, mediante la rectificación o supresión de datos personales.
• Derecho a dar un “consentimiento claro y afirmativo” de la persona concernida al tratamiento de sus datos personales.
• Tener el derecho a trasladar los datos a otro proveedor de servicios (la “portabilidad”),
• El derecho a ser informado si los datos personales han sido pirateados.
• Lenguaje claro y comprensible sobre las cláusulas de privacidad.

Además, las empresas podrán ser multadas hasta un 4% de la facturación global de las mismas en caso de infracción.

Por otra parte, la transferencia e intercambio de datos personales es un componente esencial que sustenta el estrecho vínculo entre la UE y EEUU tanto en el área comercial como legal.
Tras las revelaciones sobre vigilancia masiva llevadas a cabo por países socios, como los Estados Unidos, es necesario recuperar la plena confianza. Para ello, el presidente de la Comisión demanda que los Estados Unidos garanticen la protección de datos. Así como, proteger los datos personales de los ciudadanos europeos de los que pueda disponer la administración de justicia norteamericana, independientemente del lugar de residencia de la persona.
Para llevar a cabo este cometido en septiembre de 2015 la Comisión inició las negociaciones sobre el “Umbrella Agreement” que concluyeron en un acuerdo político entre el Consejo y el Parlamento Europeo. Asimismo, las negociaciones llevadas a cabo con EEUU, que comenzaron en enero de 2014 concluyeron en febrero de este año con el acuerdo “EU-US Privacy Shield”. Estos logros beneficiaran las relaciones transatlánticas y ayudaran a restaurar la confianza de los europeos en la economía digital mientras se fortalecen sus derechos fundamentales.

En tercer lugar, otra acción clave de la Comisión Europea es la lucha contra la delincuencia transfronteriza y el terrorismo. Las medidas que se adopten contra esta lucha deberán de respetar los derechos fundamentales, haciendo especial hincapié a los derechos procesales y la protección de los datos personales. Las medidas a adoptar serán destinadas a luchar contra la delincuencia organizada, destacando, dentro de esta, el tráfico de seres humanos, el contrabando y la delincuencia informática. Además  de acabar con la corrupción, los radicalismos y el terrorismo. Por su parte, la Directiva de Protección de Datos, ya mencionada, además de permitir una mayor harmonización de las leyes sobre protección de datos, facilita la cooperación transfronteriza de la policía y la fiscalía, para combatir el crimen y el terrorismo más efectivamente en Europa.

En lo referente al tráfico de seres humanos, es necesario que los Estados miembro implementen de manera correcta la Directiva de Prevención y lucha contra la trata de seres humanos. El objetivo de esta directiva es incrementar el número de investigaciones y procesamientos de criminales. A través de ella se busca establecer un apropiado mecanismo de identificación temprana y protección de las víctimas para prevenir el tráfico de seres humanos.

Por otra parte, debido a que cada vez hay más ciudadanos europeos que estudian, trabajan, se casan… en otros países de la UE es necesario reforzar la cooperación judicial. Para tener una cooperación más eficiente, el Plan Juncker busca mejorar la comunicación entre los sistemas judiciales de los países miembros a través de herramientas como Eurojust o la Fiscalía Europea que tiene como fin combatir el fraude.
Por último, se está trabajando para que haya un reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales para que tanto ciudadanos como empresas puedan defender sus derechos de una forma más sencilla dentro de la Unión Europea.

Para más información sobre la aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales Europea aquí os dejamos el link del informe de 2015:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1799_en.htm