El pasado miércoles 26 de abril la Comisión europea ha presentado un documento de reflexión sobre la dimensión de Europa para impulsar el diálogo y debate sobre el tipo de dimensión social que se quiere llevar a cabo en la Unión Europea.

El documento plantea tres posibilidades:

• Limitar la dimensión social a la libertad de movimiento
• Los que desean hacer más en el ámbito social hacen más
• La Europa de los veintisiete al completo continúa trabajando en su dimensión social

En el siguiente enlace podéis consultar el documento completo:

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-social-dimension-europe_es.pdf

Asimismo, la Comisión ha presentado una serie de iniciativas legislativas y no legislativas relativas a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional, la información de los trabajadores, el acceso a la protección social y el tiempo de trabajo.

Esta semana en nuestro blog Cantabria Europa queremos aprovechar la publicación de este documento y de las nuevas propuestas anunciadas por la Comisión en el ámbito de la dimensión social, para hacer un repaso de la evolución de la misma a través de los Tratados de la Unión Europea.

La Política Social de la UE tiene como objetivos principales el fomento del empleo, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, una protección social adecuada, el diálogo social y la lucha contra las exclusiones. Esta política social tiene su origen en el Tratado de Roma, donde se establecen las bases del Fondo Social Europeo (FSE). El FSE es uno de los Fondos Estructurales de la UE que en un principio se estableció para mejorar la posibilidad de movilidad y empleo de los trabajadores en el mercado común y reducir las diferencias entre los Estados miembros. Con el paso del tiempo sus prioridades han ido evolucionando en función de las necesidades del momento y del desarrollo de las prioridades políticas de la UE.

Con el Tratado de Roma (1957) se estableció la coordinación de los sistemas de seguridad social de los Estados miembros, se consagró el principio de igualdad de retribución para hombres y mujeres y se establecieron las bases para crear el Fondo Social Europeo (FSE).

El Acta Única Europea (1986) dispuso la armonización de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo, introdujo la posibilidad de que los interlocutores sociales de ámbito europeo negociaran convenios colectivos y estableció una política comunitaria para la cohesión económica y social. Asimismo, en 1989 se aprobó la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores (Carta Social).

El Tratado de Maastricht (1992) incluyó como objetivo de la Comunidad Europea el fomento de un nivel elevado de empleo y protección social.

Con el Tratado de Ámsterdam (1997) todos los Estados Miembros, incluido el Reino Unido (a raíz de un cambio en el Gobierno), aceptaron la integración del Acuerdo sobre Política Social en el texto del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (artículos 151 a 161 del TFUE). Se ampliaron las disposiciones relativas al Fondo Social Europeo, la libre circulación de los trabajadores y la seguridad social de los trabajadores migrantes de la Comunidad. se añadió un párrafo nuevo a fin de adoptar medidas diseñadas para fomentar la cooperación entre los Estados miembros en la lucha contra la exclusión social. Y se otorgó a la Comunidad la responsabilidad de apoyar y completar la acción de los Estados miembros en el fomento del empleo, fomentar la cooperación entre ellos y elaborar una “estrategia coordinada” (la Estrategia Europea de Empleo) basada en el método abierto de coordinación (MAC).

En el año 2000, se lanzó la Estrategia de Lisboa que tenía como fin convertir la Unión Europea en la economía más competitiva del mundo. Debido a que los Jefes de Estado reconocieron que el crecimiento económico en sí mismo no era suficiente para luchar contra la pobreza o contra el peligro de exclusión social, se comprometieron a mejorar la cooperación en este ámbito sobre la base de un método abierto de coordinación (que con posterioridad amplió su campo de actuación al ámbito de las pensiones, la salud y los cuidados a largo plazo como parte del “MAC social”).

En la Cumbre de Niza en el 2000 se adoptó la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión y se creó un Comité de Protección Social para fomentar la cooperación en este ámbito entre los Estados miembros y con la Comisión (artículo 160 del TFUE).

Para el periodo 2006 – 2010 se estableció una Agenda Social para complementar el relanzamiento de la Estrategia de Lisboa. Para el posterior periodo, 2007-2013, se creo el programa de la Unión para el empleo y la solidaridad social (Programa Progress), con el objetivo de apoyar la ejecución de las prioridades de la Unión en el campo social. Y en el 2007 se creó un Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) destinado a ayudar a los trabajadores despedidos como consecuencia de los cambios en los patrones del comercio mundial.

La firma del Tratado de Lisboa en 2007 permitió seguir progresando en la consolidación de la dimensión social de la integración europea y en el artículo 6 se reconoció por primera vez que la Carta de los Derechos Fundamentales tiene el mismo valor jurídico que los Tratados. A raíz del Tratado de Lisboa se creó 2008 una Agenda social renovada para dar repuesta a el aumento del desempleo por la crisis económica, que se tituló “Oportunidades, acceso y solidaridad en la Europa del siglo XXI”. Se introdujeron nuevas medidas para reforzar los efectos de los instrumentos financieros en vigor (FSE y FEAG). Y en 2010 se estableció el instrumento europeo de microfinanciación Progress, que ofrece microcréditos a las pequeñas empresas y a las personas sin empleo que deseaban crear o desarrollar su propia empresa.

Por último, en el 2010 se estableció Estrategia Europa 2020 . Esta estrategia es la sucesora de la Estrategia de Lisboa y uno de sus ejes prioritarios es el crecimiento integrador (fomentar una economía con elevados niveles de empleo que ofrezca cohesión social y territorial). Dentro de su pilar social tiene como objetivos:

• Rescatar del riesgo de pobreza a veinte millones de personas para 2020
• Alcanzar una tasa de empleo del 75 % para la población activa.

Asimismo, cabe destacar que de las siete iniciativas emblemáticas seleccionadas para contribuir a alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020, tres se enmarcan en el ámbito del empleo y los asuntos sociales: la Agenda para nuevas calificaciones y empleos busca modernizar las políticas de flexiseguridad para mejorar el funcionamiento del mercado laboral, ayudar a las personas a desarrollar las habilidades del mañana y mejorar la calidad del trabajo y las condiciones laborales; Juventud en movimiento contribuirá a una mejor educación y formación, ayudará a los jóvenes a estudiar en el extranjero y les facilitará la búsqueda de empleo.

Durante los últimos 60 años la política social de la Unión Europea no ha parado de evolucionar, pero no ha sido hasta la publicación del libro blanco y el consiguiente Documento de reflexión sobre la Dimensión Social de Europa, así como de las propuestas anunciadas esta semana, cuando se han adoptado iniciativas concretas para hacer realidad el pilar europeo de derechos sociales.